Cada hora que pasa se agrava cada vez más el conflicto que mantiene paralizados a los puertos argentinos, lo que supone pérdidas multimillonarias tanto para las empresas exportadoras e importadoras como para el país en general, no solo por los dólares que no ingresan por el comercio exterior, sino también por mercadería que no se descarga y es necesaria para el quehacer cotidiano de las compañías de nuestro país.
Cabe recordar que se trata de una medida de fuerza de la Asociación que nuclea a los denominados “prácticos”, y que se debe a un decreto de desregulación que publicó el Gobierno nacional el viernes pasado y estableció cambios en el servicio de practicaje y baquía que, según los profesionales locales, los perjudica y por eso decidieron dejar de trabajar.
El gran telón de fondo es que no se trata de una medida de fuerza sindical formal, sino una decisión conjunta de no presentarse a trabajar, y sabiendo que no son empleados en relación de dependencia, por lo cual no se les puede establecer una conciliación obligatoria ni nada que se le parezca.
En este contexto, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), advirtió sobre la gravedad de la situación, señalando que la cantidad de embarcaciones detenidas aumenta rápidamente.
“A este momento estamos superando los 45 barcos y, en caso de que esto no se solucione en el día de hoy, vamos a estar sumando unos 30 barcos más y así sucesivamente. Cada demora de barco es como un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día”, graficó.
Para CIARA-CEC uno de los temas más relevantes es que ellos no tienen nada que ver con el conflicto. “No hay un reclamo salarial; además, nosotros no somos la contraparte de los prácticos. Ellos brindan un servicio a las agencias marítimas en la vía navegable”, aclaró.
Bajo este panorama, expresó su preocupación por cómo esta situación afecta la imagen de Argentina como proveedor global. “Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación, lo que beneficiaría a competidores directos como Brasil”, explicó.
En tanto, si bien el sector exportador apoya la reducción de costos, Idígoras criticó la implementación de la medida oficial: “Avalamos cualquier programa de desregulación que implique reducir costos de exportación, pero evidentemente la forma en que se hizo generó una explosión interna en esta actividad”.
Puntualmente, cuestionó la falta de una mesa de diálogo previa con los prácticos para discutir los cambios normativos. Por este motivo, instó a una intervención estatal inmediata para destrabar la situación.
“La Prefectura, como autoridad competente, tendría que convocarlos a una mesa de trabajo en el día de hoy para encontrar una hoja de ruta que permita implementar el decreto y que todos vuelvan a trabajar”, completó.
De hecho, Prefectura sí ya comenzó a intervenir, pero lo hizo de una manera que no es la que plantea CIARA-CEC, sino con la publicación de un edicto en el Boletín Oficial en el que, en duros términos, amenazó a los prácticos con aplicar el Código Penal y denunciarlos por un delito que puede significar hasta 8 años de prisión.
Como se mencionó, el problema real es que los prácticos son profesionales que son contratados de manera individual por las navieras y, en este caso particular, no están realizando un paro de actividades decidido por un gremio que, por ejemplo, podría recibir una conciliación obligatoria.
Por lo cual, eventualmente tienen la libertad de no presentarse a trabajar -perdiendo lógicamente la paga que reciben por el servicio-, incluso aunque sean considerados servicio esencial.
El edicto de Prefectura se puede ver a continuación:
