Mediante la Resolución Nº 34/2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos aprobó el el Protocolo de Buenas Prácticas en materia de fitosanitarios, una obligación emanada del Artículo 14 de la Ley Provincial Nº 11.178.
De esta manera, el Gobierno entrerriano informó que el cumplimiento de dicho protocolo ya es exigible en el territorio provincial.
En este punto, las autoridades recordaron que fue previamente aprobado por el Consejo Asesor Fitosanitario, creado con el objeto de asesorar a la Autoridad de Aplicación y a los poderes públicos sobre cuestiones inherentes al cumplimiento de los objetivos de la mencionada ley y sus reglamentaciones.
Precisamente, cabe recordar que el protocolo fue trabajado durante el 2025 y aprobado en la sesión celebrada el 10 de diciembre de ese mismo año en el Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano de Paraná.
Todo esto ocurre en medio de polémicas que se dieron recientemente por la aplicación de fitosanitarios en esa provincia, que incluyeron fallos judiciales cuestionados por el sector agroindustrial.
Fitosanitarios: Entre Ríos protagoniza un nuevo round en la disputa por su uso en zonas periurbanas
Desde la Provincia que gobierna Rogelio Frigerio repasaron que este documento se encuentra basado en recomendaciones técnicas emanadas de organismos oficiales nacionales y provinciales.
Citaron puntualmente a:
Dicho Consejo, presidido por el ministro de Desarrollo Económico, está conformado a su vez por: un representante del Ministerio de Salud, uno de la Secretaría de Ambiente, del Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE), de la Secretaría de Gobiernos Locales.
Asimismo, lo integran dos representantes de las facultades de Ciencias Agropecuarias de Entre Ríos; uno del INTA, dos representantes de las organizaciones de productores, uno de los sindicatos de trabajadores rurales, de los sindicatos docentes, del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer).
A su vez, forman parte del mismo un representante de las organizaciones ambientales no gubernamentales, uno de los registradores o expendedores de productos fitosanitarios; y un representante de las organizaciones de aplicadores de productos fitosanitarios.
Esto lo que garantiza es que el protocolo se ha elaborado y trabajado con la mayor pluralidad, acercando posiciones tanto en los sectores más cercanos al ambientalismo como a los productores.