Aquella reunión ocurrida en Expoagro entre representantes del Gobierno nacional y del campo, que tuvo momentos álgidos con el debate sobre la propiedad intelectual en semillas como principal eje, terminó siendo definitivamente un verdadero presagio de que la discusión iba a ser larga y ardua.
Desde la Casa Rosada entienden que es un tema clave para potenciar la productividad del agro, pero también tienen la presión del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos que impone la adhesión al controvertido convenio UPOV 91, que supone mayores beneficios para los obtentores de biotecnología en comparación con UPOV 78, que es al que está adherido Argentina.
En ese contexto, no sorprende que haya sido el propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien encabezó una reunión con representantes del campo para plantearles un nuevo esquema de fiscalización y control que constituye una suerte de “bypass” hasta que efectivamente se actualice la Ley de Semillas.
Acompañado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y por el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari; Sturzenegger planteó la propuesta oficial a representantes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace, de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
El objetivo: si bien es una decisión tomada, acordar “políticamente” con el campo, de manera que esta medida –que saldrá en forma de una resolución del Poder Ejecutivo a través de la SAGYP y el INASE– no sea rechazada dentro del ámbito rural.
Sin modificar la Ley de Semillas, ¿cuál sería el gran cambio? Que el nuevo modelo plantea que en el primer punto de entrega del grano –por ejemplo, en un acopio–, no solo se midan condiciones típicas de calidad o humedad, sino también se distinga la variedad utilizada, para enviar esa información tanto al INASE como a los obtentores, de manera que puedan avanzar en el cobro de las regalías, si correspondiera el mismo.
Otra clave: la idea es aplicar este esquema solo a nuevas variedades que se lancen al mercado, no a las anteriores que seguirían rigiéndose por la normativa vigente con relación al uso propio de semillas, sobre la que ya existen numerosos controles que debería hacer el INASE, pero desde el agro aseguran que, precisamente, el problema es que no se realizan.
En este marco, posterior al encuentro, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado emitieron un comunicado en el que ampliaron un poco la información que, para muchos productores y dirigentes, todavía tiene aspectos confusos.
“Entre sus principales ejes se destaca el establecimiento de controles en el primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos; este es el nodo más eficiente para el monitoreo, ya que concentra el flujo previo a su dispersión”, consideró la cartera que conduce Sturzenegger.
En este punto, mencionó otro aspecto muy relevante: este nuevo modo de fiscalización prevé la integración con el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). La ida es que todos los establecimientos que operen como punto de entrega primaria deberán estar registrados en el SISA, con el fin de se pueda articular el control de identidad varietal con la infraestructura de trazabilidad fiscal ya existente.
El Ministerio también explicó que el esquema contempla, además, la participación de Cámaras Arbitrales y entidades que hayan suscripto convenios con el INASE o estén habilitadas por el mismo, de manera de transformarse en un modelo de articulación público-privada que permita aprovechar la capacidad técnica e infraestructura del sector, sin reemplazar el rol de la autoridad de aplicación.
“¿Qué culpa tenemos de que la soja te permita reproducirla y hacerte de semilla para otra campaña?”
Al respecto, se aclaró algo que parece una obviedad: los análisis se realizarán mediante métodos reconocidos por el INASE, con resguardo de muestras de respaldo.
Y luego de realizados, los resultados serán remitidos directamente a los titulares de las variedades inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, quienes podrán, en caso de corresponder, efectuar denuncias ante el INASE, que dará curso a las acciones sumarias pertinentes.
“El titular podrá además promover las acciones civiles o penales que considere correspondan. Las infracciones serán sancionadas según el artículo 38 de la Ley 20.247?, completó.