La industria argentina del biodiésel atraviesa su momento más delicado en dos décadas. Las tres cámaras que agrupan a la totalidad de las pymes que producen biodiésel para el mandato de corte con gasoil —CEPREB (Cámara de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles), Casfer (Cámara Santafesina de Energías Renovables) y Capba (Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados)— enviaron una dura carta al ministro de Economía Luis Caputo.
En la misma, denuncian el “sistemático incumplimiento” de la Ley 27.640 y advierten que la inacción del Estado está llevando a la paralización total del sector.
En el documento, fechado este miércoles 8 de octubre de 2025, las entidades detallan que la Secretaría de Energía lleva 16 meses publicando precios del biodiésel que no se ajustan a la normativa vigente, provocando que las plantas operen a pérdida.
Según los cálculos presentados, las empresas acumulan una pérdida total superior a los 53 millones de dólares.
“El precio publicado continúa —por decimosexto mes consecutivo— sin ajustarse a derecho”, advierten las cámaras, que aseguran que la situación “condena al quebranto” a la totalidad de las firmas del sector.
Cabe recordar que la Ley 27.640 establece que el precio del biodiésel debe calcularse en base a una fórmula que considera los costos reales de producción —aceite de soja, metanol, mano de obra y otros insumos— y garantiza una rentabilidad del 3%.
Sin embargo, las cámaras denuncian que la Secretaría de Energía ha fijado precios por debajo de los valores resultantes de esa fórmula, eliminando el margen de ganancia y generando pérdidas constantes.
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El informe técnico que acompaña la nota detalla que, mientras el costo real de producción del biodiésel en octubre asciende a $1.621.868 por tonelada, el último precio publicado por el Gobierno fue de $1.508.754, es decir, más de $113.000 por debajo del valor legal.
“Las empresas fueron forzadas a operar con rentabilidad negativa, asumiendo como pérdida un monto superior a la rentabilidad prevista por la norma”, remarcan los firmantes, que además subrayan que, a diferencia de otras ramas del sector energético —como el gas o la electricidad—, esas diferencias no se reconocen como deuda estatal, sino que recaen directamente sobre las compañías.
El documento incluye un análisis del impacto que tendría ajustar el precio del biodiésel según la ley. Publicar el valor correcto, explican las cámaras, implicaría un aumento de apenas 7 pesos por litro en el precio del gasoil, equivalente a un 0,4% en surtidor.
“El perjuicio acumulado de 53 millones de dólares generó un ahorro de sólo 5,3 pesos por litro de gasoil. No hay explicación lógica para este accionar, salvo la impericia o la voluntad de dañar a la industria”, cuestionan los dirigentes Federico Martelli (CEPREB), Marcelo Kusznierz (Casfer) y Axel Boerr (Capba).
El efecto de esta política ya se siente con crudeza: todas las plantas de biodiésel destinadas al corte obligatorio con gasoil fósil han cesado su actividad, según se detalla en la misiva.
Esto no sólo pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos, sino que también impacta en la cadena sojera, la sustitución de importaciones y la transición energética del país.
Las cámaras recuerdan que el biodiésel argentino —producido mayoritariamente con aceite de soja— representa un aporte clave para el ahorro de divisas y la reducción de emisiones, y que su parálisis contradice los objetivos ambientales y productivos que el propio Gobierno declara promover.
Por todo ello, los representantes del sector solicitaron al ministro Caputo su intervención directa para restablecer la legalidad y exigir a la Secretaría de Energía la publicación del precio conforme a la Resolución 963/2023, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 27.640.
“El impacto en surtidor no supera los 6 pesos por litro, y el beneficio —además de cumplir con la ley— es la reactivación de una industria nacional que agrega valor, cuida el ambiente y genera empleo federal”, concluye la carta.